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Por Tobias Roberts
El Salvador, a pesar de ser el país más pequeño de América Central, se encuentra frecuentemente en el centro de la atención y el conflicto. Roque Dalton, el famoso poeta salvadoreño en su «Poema de amor» muy conocido, dice que los salvadoreños son “siempre sospechoso de todo.» Esa sospecha, sin duda, tiene sus raíces en la cantidad inicua de la injusticia y la violencia que el pueblo salvadoreño ha perdurado a lo largo de los siglos y que se sospecha que es también el fundamento de su defensa feroz de su dignidad colectiva. Y eso, la defensa de la dignidad, tiende a ser peligroso para los intereses del dinero y el poder. Por defender su dignidad, más de 80.000 salvadoreños fueron asesinados en la Guerra Civil de la década de 1980. Hoy, ese mismo espíritu de fidelidad a la preservación de su dignidad ha llevado a El Salvador en el punto de mira de otro conflicto.
En los últimos años, las compañías mineras multinacionales han descubierto una vena de oro que va desde México hasta Costa Rica. De acuerdo con el gobierno de El Salvador, la vena es más gruesa en El Salvador. Con el precio del oro en máximos históricos, las solicitudes de permisos de explotación minera comenzaron a inundar las oficinas del gobierno con las solicitudes de permisos de explotación minera que comprometen alrededor de 5% del territorio de El Salvador.
Anteriores gobiernos de derecha que defendían políticas económicas neoliberales comenzaron a repartir los permisos de exploración. Pacific Rim, una pequeña empresa minera canadiense, recibió uno de esos permisos y comenzó la exploración de una mina en el estado norteño de Cabañas, una de las zonas más pobres del país.
A pesar de las afirmaciones de las empresas que la mina iba a ser uno de los más respetuosos del medio ambiente en América Latina, la población local se levantó en resistencia a la mina. Sintiendo la presión ecológica de vivir en un país lleno de gente con poca tierra y menos agua, las comunidades temían los efectos ambientales negativos de una mina mega-oro en sus comunidades.
Esta oposición popular creó graves conflictos y divisiones dentro de la comunidad. En 2009, los ejecutivos de Pacifica Rim tuvieron que hacer declaraciónes ante el Parlamento canadiense por razón de una serie de asesinatos sin resolver de los líderes comunitarios que se oponen a la mina. Estos asesinatos también provocó una hostilidad más organizada y para todo el país a la minería en el país. Más tarde ese año, el presidente derechista, Tony Saca, pese a ser un campeón de pro-empresarial de las inversiones extranjeras, propuso una moratoria a la minería y se negó a conceder licencias para la exploración o explotación de minas en el país. Desde entonces, el nuevo gobierno izquierdista del partido político FMLN ha introducido una legislación para convertirse en el primer país del mundo que no permitirá la minería. La ley está programada para de ser debatida por el Congreso salvadoreño en el primer semestre de 2013.
Parece que esta lucha contra la minería en El Salvador fue una victoria para las organizaciones de base y organizaciones comunitarias que se unieron para hacer que sus voces sean escuchadas y respetadas por las decisiones políticas del gobierno nacional. Sin embargo, en nuestra sociedad globalizada, capitalista, el derecho de las empresas a invertir triunfa sobre el derecho de los individuos y las comunidades para decidir sobre sus tierras, e incluso socava la soberanía nacional.
Poco después de que el gobierno de El Salvador optó por respetar la voz de su pueblo y prohibir la minería, Pacific Rim llevó el gobierno de El Salvador ante un tribunal de arbitraje internacional que busca más de 70 millones de dólares en reparaciones. Según Pacific Rim, el acuerdo de libre comercio que El Salvador firmó con los Estados Unidos en 2003 obliga al país a abrir indiscriminadamente sus fronteras a la inversión extranjera. Pacific Rim está reclamando el caso como una compañía subsidiaria basada en los EEUU porque Canadá no es parte del acuerdo de libre comercio con Centro América. A pesar de una serie de recursos por parte del gobierno salvadoreño, parece que Pacific Rim ha ganado el arbitraje y El Salvador tendrá que pagar.
La «naturaleza sospechosa» del pueblo salvadoreño es más que justificada en casos como éste. Cuando una empresa extranjera tiene más derechos sobre un pedazo de tierra que las personas que han vivido allí durante siglos, o cuando las exigencias de una sociedad multinacional dan el triunfo por sobre las decisiones soberanas de un gobierno nacional, algo está terriblemente mal en nuestra sociedad.
Aún más amenazante es el precedente que este caso crea. Según James Fredrick en World Politics Review: «Las otras empresas mineras de oro con operaciones en Centro América, como Goldcorp (dueña de la mina Marlin en Guatemala), por ejemplo, podrán utilizar el caso de Pacific Rim para resolver las controversias de los suyos.»