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Doña Francisca* guarda en su teléfono una foto de ella y de un joven pariente, Kevin*. En la foto, Doña Francisca lleva una máscara, pero Kevin tiene la cara descubierta, está limpio y sonríe. Parece un buen chico. «Es el tipo de persona que, si ve algo sucio, deja lo que está haciendo y lo limpia», me dice. No me sorprende: Doña Francisca es igual. Después de nuestra entrevista, lleva todas nuestras tazas de café al fregadero y las lava, riéndose con el personal del albergue para inmigrantes donde nos encontramos.
Doña Francisca me enseñó la foto de Kevin porque no pudimos conocerlo nosotros. En ese momento, estaba en un centro de detención conocido como La Mosca, situado en las afueras de la cercana Tuxtla Gutiérrez, que ha sido descrito por los detenidos como hacinado, insalubre y «un lugar terrible«. Al igual que otros miles de ciudadanos hondureños, Kevin llegó inicialmente en una de las caravanas que ocuparon los titulares internacionales en 2018 y 2019.
Desde entonces, las caravanas han seguido saliendo de Honduras, pero muy pocos migrantes han logrado llegar incluso a México, detenidos en su camino por un conjunto de políticas estadounidenses que han empujado efectivamente la frontera de Estados Unidos hasta la frontera entre Honduras y Guatemala. Mientras tanto, el fuerte aumento de la militarización en la frontera sur de México, un proyecto conjunto de los gobiernos de Estados Unidos y México, significa que incluso aquellos que lograron llegar a México antes de que se cerraran las fronteras siguen estando en constante peligro de ser detenidos y deportados, incluso aquellos que, como Kevin, tienen derecho legal a permanecer en el país.
Migrar por muchas razones
La vida de Kevin no ha sido fácil. Su madre abandonó a la familia cuando él era pequeño, y Kevin creció con su padre y su abuela. Dejó la escuela muy joven para empezar a trabajar, primero en un taller mecánico y luego haciendo balcones y ventanas de hierro. Pero el dinero nunca era suficiente.
Un día, Kevin fue testigo de un robo cometido por una banda local y, en lugar de hacer la vista gorda, lo denunció. La pandilla responsable del robo empezó a amenazarle; mientras tanto, otras pandillas intentaban reclutarle. Finalmente, las amenazas de violencia, combinadas con la lucha constante por llegar a fin de mes, fueron demasiado. En 2018, con 14 años, se unió a la caravana de migrantes y salió de Honduras en busca de seguridad y un trabajo que le ayudara a mantener a su familia.
«Más que nada, vino aquí para poder mantener a su abuela», dice Doña Francisca. «Su abuela lo es todo para él».
Al igual que Kevin, muchos migrantes de Centroamérica y de otros lugares emigran por una combinación de razones, como huir de la violencia, buscar mejores oportunidades económicas, reunirse con la familia o ser desplazados por problemas por los efectos del cambio climático. A menudo, estos factores se entrecruzan y se influyen mutuamente, lo que hace difícil separar a los migrantes en categorías fácilmente identificables.
La militarización de la frontera sur de México
En el caos de la llegada de la caravana a México en 2018, un compañero migrante murió tras caer del vehículo en el que viajaba Kevin. Debido a que había sido testigo de esta muerte, a Kevin se le concedió una visa humanitaria, y fue liberado al cuidado de su tía, Doña Francisca, quien vive cerca de la frontera entre México y Guatemala. Después de un par de años, recibió la noticia de que su padre estaba muy enfermo, y volvió a Honduras para estar con él. Cuando murió, Kevin era el último miembro de la familia que podía mantener a su abuela, por lo que volvió a salir de Honduras hacia México. Esta vez, no había visado humanitario: Kevin vivía ahora en México indocumentado.
Doña Francisca también está indocumentada, a pesar de sus intentos regulares de regularizar su situación migratoria. Está casada con un mexicano, por lo que tiene derecho a la residencia mexicana, pero el proceso es confuso y burocrático, y es difícil encontrar la información que necesita para poner todo en orden. A pesar de ello, ni Kevin ni Doña Francisca estaban preocupados cuando subieron a un autobús a finales de 2020 para visitar a sus familiares en Ciudad de México; al fin y al cabo, llevaban mucho tiempo a salvo.
Pero apenas tuvieron la oportunidad de acomodarse de largo viaje un día antes cuando llegaron a un puesto de control migratorio. De alguna manera, Kevin y Doña Francisca fueron identificados como ciudadanos hondureños y fueron sacados del autobús. Estuvieron detenidos durante tres días. Cuando el esposo de Doña Francisca llegó a la estación, pagó para que liberaran a Doña Francisca. Sin embargo, como Kevin y Doña Francisca no comparten ninguno de sus apellidos, no pudieron demostrar su relación familiar, por lo que Kevin permaneció detenido.
Chiapas ha cambiado significativamente desde que las grandes caravanas de migrantes de Centroamérica comenzaron a llegar a México en 2018. Al principio, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador concedió visados humanitarios, como el que recibió Kevin la primera vez que entró en México, a todos los migrantes. Sin embargo, después de recibir 13.000 solicitudes en tres semanas, el programa fue declarado «demasiado exitoso» y cancelado. Luego, en junio de 2019, el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a México con aranceles potencialmente aplastantes si México no hacía algo para detener la llegada de migrantes centroamericanos a la frontera entre Estados Unidos y México.
«Desde entonces, hemos observado la militarización de nuestro contexto», dijo Sandybell Reyes, coordinadora del programa de defensa de los migrantes de Voces Mesoamericanas, socio del CCM. «Cada veinte kilómetros, en cada entrada o salida de cada comunidad, hay retenes».
Estos puestos de control a menudo no son atendidos por agentes civiles de migración, sino por miembros de la Guardia Nacional Mexicana, identificables por sus uniformes de estilo militar y brazaletes negros. La Guardia Nacional está bajo el mando de los militares y se compone en gran medida de antiguos policías y miembros de las fuerzas armadas, con el mandato de prevenir la delincuencia y preservar la seguridad pública, no de detener a los migrantes.
Un sistema inadecuado
Según la legislación mexicana, los migrantes detenidos menores de 18 años deben ser llevados a albergues especiales para menores. En el momento en que Kevin fue detenido, no había camas disponibles en ninguno de los albergues, por lo que primero fue detenido en La Mosca, un infame centro de detención en las afueras de la capital de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, alojado en una antigua fábrica.
Fue durante su estancia en La Mosca cuando Kevin conoció a Sandybell Reyes como parte de un viaje rutinario de supervisión llevado a cabo por el equipo de defensa de los migrantes de Voces. Reyes y otros miembros del personal de Voces visitan regularmente los centros de detención como La Mosca como parte de un proyecto financiado por MCC en Chiapas. Durante estas reuniones, evalúan las necesidades de los migrantes y determinan quiénes podrían tener derecho a solicitar asilo en México, o derecho a permanecer en el país debido a sus conexiones familiares. En el caso de Kevin, tenía ambos.
Pero antes de que Reyes y Doña Francisca hubieran avanzado mucho en el caso de Kevin, éste fue trasladado, no a un centro de acogida de menores, ni siquiera a otro centro de detención, sino a un centro de rehabilitación: un lugar donde se utilizan castigos severos y trabajos forzados para «curar» a las personas de sus adicciones. Era el único lugar que tenía espacio para él.
Cuando Doña Francisca lo visitó, le dijo que lo estaban maltratando. Tenía marcas en la espalda y en los hombros para demostrarlo. La encargada del albergue le dijo a Doña Francisca que Kevin se había portado mal, iniciando peleas con los demás ocupantes, y que había sido necesario «corregirlo» con castigos físicos. Doña Francisca sospechó inmediatamente. El educado y ordenado Kevin, ¿empezando peleas?
Saliendo del albergue, doña Francisca se dirigió directamente a Voces Mesoamericanas y ella y Reyes se pusieron manos a la obra, presentando denuncias ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Instituto Nacional de Migración, así como ante el instituto estatal responsable de los derechos de la infancia y la adolescencia. Como resultado, se recomendó el traslado de Kevin a un albergue para menores en otra ciudad, más cerca de donde vive Francisca. Pero cuando llegó el día del traslado, Kevin desapareció. No contestaba al teléfono y la responsable del centro de acogida tampoco lo hacía. Reyes empezó a llamar a todos sus contactos, pero fue inútil. Nadie sabía a dónde lo habían llevado.
En un día luminoso y sin nubes de finales de noviembre de 2020, me subí a un coche con Reyes y otros miembros del personal de Voces Mesoamericanas. Estábamos visitando albergues para migrantes en Chiapas, tanto para que el equipo de defensa de los migrantes pudiera dar seguimiento a los casos, como para que yo pudiera ver cómo era el trabajo de Voces de primera mano. Mientras tomábamos un café y unos panecillos dulces, oímos hablar de los retos a los que se enfrentan los migrantes que llegan al sur de México. A veces, esos retos eran los criminales —los narcos y los traficantes de personas—, pero los migrantes también estaban cada vez más en riesgo como resultado de la creciente militarización de las rutas de los migrantes.
Los resultados de esta militarización varían, desde la deportación a situaciones de riesgo en los países de origen de los migrantes hasta la detención en albergues superpoblados, como La Mosca, que carecen de suministros básicos para atender las necesidades de los migrantes, o algo peor: Amnistía Internacional ha documentado incidentes de tortura y agresión sexual cometidos por la Guardia Nacional contra migrantes en Chiapas y Sonora.
En algún punto de la carretera entre Las Margaritas y Comitán, cerca de la frontera con Guatemala, Reyes recibió una llamada de ACNUR. Habían encontrado a Kevin.
Lo que sucedió aún no está claro. Kevin había sido enviado, no al albergue para menores, sino de vuelta a La Mosca. Quien quiera que haya tomado esta decisión no ha informado a nadie, ni a ACNUR, ni a Voces Mesomericanas, ni a Doña Francisca. Sus ojos se llenaron de lágrimas de rabia cuando describió la forma en que ella y su familia habían sido tratados por el sistema de detención de México.
«Lo enviaron como cualquier animalito a la jaula del lobo», dijo. «No lo están tratando como se debe tratar a un ser humano».
La militarización de la frontera continúa en 2021
Desde noviembre de 2020, Reyes y Doña Francisca han conseguido que Kevin sea trasladado al albergue de menores, pero no han logrado que lo entreguen al cuidado de Doña Francisca: aún están luchando por demostrar el vínculo familiar. Si esto no funciona, la única opción es solicitar asilo.
Mientras tanto, la devastación causada por los huracanes Eta e Iota ha seguido empujando a más y más personas fuera de Honduras. En enero, la policía y los soldados guatemaltecos detuvieron la primera caravana de migrantes de 2021 antes de que llegara a la frontera con México, y en México hay más migrantes detenidos. También se están enviando más miembros de la Guardia Nacional a Chiapas después de que se cerrara la frontera con Guatemala en marzo de 2021, supuestamente para evitar la propagación de Covid-19.
Recientemente, Estados Unidos anunció que había llegado a acuerdos con los gobiernos de México, Guatemala y Honduras para reforzar sus fronteras. Tanto las autoridades estadounidenses como las mexicanas dicen que es una forma de proteger a los niños asegurándose de que no sean víctimas del tráfico de personas o de que no sean utilizados como «pasaportes humanos». Pero como hemos visto con el caso de Kevin, militarizar las fronteras no impedirá que los niños abandonen sus hogares, y no es garantía de que estén a salvo de cualquier daño una vez que se lo hagan.
* Los apellidos no se utilizan para proteger sus identidades
Annalee Giesbrecht es la Analista de Contexto y Apoyo a la Incidencia Política y Comunicaciones para CCM América Latina y el Caribe.